Resulta fácil reconocer Medellín como la “ciudad de la eterna primavera”, un lugar que hace honor al ingenio, el empuje, la buena comida, el clima agradable y la amabilidad de sus habitantes, simplemente encantadora, pero que también hace parte de las tristes estadísticas de turismo sexual acorde con la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Este es un negocio que ha empezado su mayor expansión desde los años 90 mostrando utilidades millonarias compitiendo con el comercio de drogas y armas en el mundo.
Lamentablemente en nuestro país, tras investigaciones realizadas por la Policía, Fiscalía e Interpol, se destacan ciudades como Santa Marta, Cartagena, Bogotá y Medellín, siendo esta última, la preferida y la que más se proyecta internacionalmente por la belleza de sus mujeres y en parte, porque aún nos persigue el estigma del narcotráfico liderado por carteles de droga y en especial, la imagen de Pablo Escobar Gaviria.
Para nadie es un secreto que al caminar por la avenida El Poblado o por el parque Lleras, se puede ver un desfile de turistas buscando sin escatimar gastos, mujeres jóvenes para servicios sexuales, aunque otros, prefieren ser más discretos y manejar todo a través de páginas en internet de agencias, adquiriendo paquetes turísticos en haciendas ubicadas a las afueras de la ciudad principal que incluyen fiestas, mujeres, drogas e indudablemente sexo; sus costos oscilan entre $1.500 y $2.000 dólares y actualmente, se han detectado estructuras delincuenciales que facilitan la documentación, pagos y acompañamiento por medio de guías al turista extranjero, con el fin de poder llegar a su destino sin tener inconvenientes con las autoridades y para que de manera clandestina, obtengan lo ofrecido en el paquete que adquirieron.
El turismo sexual se concentra en los viajes que realizan extranjeros únicamente para tal fin, pero con el paso del tiempo se ha proyectado y convertido en el llamado Narcoturismo, donde también se involucra el consumo de sustancias psicoactivas de buena calidad y a buen precio.
Acorde con estudios presentados por las diferentes organizaciones Nacionales e Internacionales que luchan contra este comercio, las mujeres que más se involucran en el negocio están entre los 14 y 36 años, algunas lo hacen para conseguir el acreditado “dinero fácil” y proveer lujos para su familia o para sí mismas como ropa, cirugías estéticas, o viajes, y casi siempre buscan enamorar al extranjero para que ellos le envíen una pensión mensual a cambio de condescendencias sexuales de toda índole. Por otro lado, se encuentran niñas que viven en situaciones sociales y económicas bastante precarias y son vendidas de manera directa, por medio de un proxeneta o agencias internacionales a extranjeros por su corta edad y virginidad; su reclutamiento se hace en las llamadas Comunas u otros sectores de la ciudad en condiciones de alta vulnerabilidad, donde persuaden a las niñas con regalos, dinero y promesas de una mejor vida.
No sobra recordar la gran polémica que causó en el año 2017, una producción del canal Discovery en español, donde un periodista reconocido realizó una investigación sobre el turismo sexual en Medellín. Fue nombrado y presentado ante televidentes como “El mercado de la inocencia”, accediendo a varias redes criminales, consiguiendo mostrar testimonios reales de mujeres que fueron inducidas u obligadas en este negocio y explican, como quedaron atrapadas para ser vendidas y comercializadas a través de muchas plataformas a los mejores postores internacionales.
Si bien es cierto que estas redes se mueven de manera ágil y creciente dentro de un marco de clandestinidad, se ha podido establecer algunos parámetros para tratar de evitar que mujeres y niñas caigan en este flagelo, por medio de capacitación, información y concientización a personas que trabajan en bares, restaurantes, agencias y hoteles. Cabe destacar en este punto, la importancia que ha tenido Cotelco (Asociación hotelera y turística de Colombia), ya que los establecimientos hoteleros de esta ciudad se han acogido al cumplimiento de normas claras de conducta que sancionan la promoción o información del turismo sexual de menores, dicha normatividad esta explicita en el Código de conducta (Ley 1336 de 2009), donde se encuentran establecidas las medidas de control para contrarrestar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo.
Con la Ley 1336 de 2009, se sanciona los establecimientos que ofrecen o permiten en su negocio la explotación sexual, teniendo consecuencia como el clausurar, sellar o la extinción de dominio del establecimiento.
Sin embargo, ante un negocio tan lucrativo, algunos trabajadores hoteleros se ven tentados y aceptan ser parte de estas redes, facilitando a los clientes el acceso con menores de edad o mujeres con fines netamente sexuales, adicionalmente, la informalidad y facilidad en la adquisición o compra de planes turísticos, ha hecho que se cree una fachada para tener oculto este negocio.
Como anteriormente mencionamos, son varias las organizaciones de índole policivo o de control y fundaciones que han intervenido para tratar de contrarrestar esta problemática y a su vez, el Gobierno Colombiano ha intervenido públicamente generando y presentado leyes que prohíben y sancionan el turismo sexual. Algunas que vale la pena destacar son la Ley 679 de 2001 donde se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores. Posteriormente, la Ley 985 del año 2005 busca adoptar medidas de prevención, protección y asistencia para garantizar el respeto de los derechos humanos de las víctimas o posibles víctimas del comercio sexual.
Adicionalmente, en julio de 2009 el Congreso de la república endurece la Ley 679 de 2001, decretando en su Artículo 1º., la Autorregulación en servicios turísticos y en servicios de hospedaje, obligando a los prestadores de estos servicios, fijar y actualizar en un lugar público los códigos de conducta que promueven las políticas de prevención, utilización y sanción de las conductas de explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres.
En Colombia, se cuenta con condenas mínimo de 14 años de prisión a quienes otorguen información, promuevan o incentiven el contacto con niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual. Así mismo, a quienes compren servicios sexuales con una persona menor de edad, recibirán una pena de hasta 32 años, lamentablemente estas condenas no son suficientes ya que muchos extranjeros que han sido capturados infraganti, reciben algunos beneficios siendo deportados a su país de origen.
Ahora bien, pese a las leyes creadas, es necesaria una mayor intervención pública por parte del gobierno colombiano que garantice la promoción y desarrollo del turismo responsable en nuestro país y que sancione de manera tajante el turismo sexual.
