También conocida como la esclavitud moderna, la trata de personas acorde con estudios y cifras recientes dadas por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), es el segundo negocio ilícito más lucrativo después del narcotráfico, que priva de su dignidad a mujeres, niños y hombres en el mundo entero y es claramente una violación a los derechos humanos. Consiste en el comercio dentro y fuera del país de origen, captura, traslado o retención de seres humanos mediante amenazas, violencia o coacción con fines de explotación, trabajos forzados, prostitución entre otras.
Actualmente, podemos ver como los diferentes aspectos socio – económicos, influyen de manera directa en este negocio, la carencia de alternativas laborales, el bajo nivel educativo, la pobreza, el desplazamiento, ser mujer cabeza de hogar, haber sido víctima de violencia intrafamiliar, maltrato, abuso sexual, prostitución y delincuencia entre muchos otros.
Es importante tener claridad sobre los diferentes escenarios en que se presenta este delito para posteriormente, analizar su prevención en nuestro país. Acorde a estudios y experiencia por parte de la INTERPOL en Colombia (Organización Internacional de Policía Criminal), una de las modalidades más conocidas es la explotación sexual, trayendo consigo el turismo sexual y la pornografía. Mujeres y niños son engañados con la promesa de un mejor trabajo y vida, por lo general, una red consolidada realiza los tramites de transporte y documentación, al llegar al destino, son sometidos a explotación sexual bajo amenazas.
Otra modalidad de trata de personas, es el trabajo forzado en fincas, minas, barcos y servicio doméstico, con jornadas laborales extensas, maltrato, encierro, poca alimentación y vivienda inhumana. Dentro de esta misma, se derivan otras que incentivan el desarrollo de actividades ilegales como robos, cultivos ilícitos, venta de mercancía fraudulenta o mendicidad, y en muchas ocasiones, se exige una cuota a la víctima que, por no cumplirla, soporta castigos y golpes. No menos importante, se encuentra la modalidad de la comercialización de cuerpos para la extracción de órganos, el alquiler de vientres, embarazos obligados, entre otros.
Las victima puede ser cualquiera, sin importar el género o la edad, usualmente son mujeres madres solteras o cabezas de hogar, personas en condición de desplazamiento, víctimas de violencia o prostitución que están inmersas en un entorno socio – económico deteriorado. En ocasiones, no se denuncia ante las autoridades o se busca ayuda por el temor a represalias, a ser condenadas en prisión o ser deportadas al país de origen.
Teniendo la certeza de que cualquier persona puede ser víctima, se han creado métodos de prevención y pese a la acción de las autoridades respectivas o de grupos de investigación, las redes de tráfico cambian sus rutas, lugares de asentamiento y formas de captación; frente a este último, se detecta un perfil para los captadores, siempre conquistan la confianza de sus víctimas, tienen amplio manejo de redes sociales, muestran al público anuncios de prensa para falsas agencias de modelaje o viajes y al momento del traslado de la víctima ya sea por vía terrestre o aérea, asumen los gastos de pasajes y hacen acompañamiento para verificar que esta llegue a su destino.
Es claro que una víctima después de ser expuesta a este flagelo, sufre de estrés postraumático con recuerdos recurrentes de la experiencia que tuvieron, ataques de pánico, ansiedad, inseguridad, desconfianza e irritabilidad que, a corto plazo, pueden desencadenar en una depresión y falta de motivación para continuar con sus actividades cotidianas individuales, en familia o en sociedad.
Sin embargo, se han detectado señales de alarma que son frecuentes y de ser tenidas en cuenta, evitan que más personas sea vulneradas y explotadas. Dentro de estas medidas de prevención se encuentra, el poder realizar una verificación de ofrecimiento de trabajos fuera de la ciudad o país de origen, algunas de estas ofertas son para trabajar como modelos, actrices, impulsadoras o empresarias de multinacionales con una remuneración bastante alta, gastos de traslados pagos, facilidad a través de terceros en el trámite de visas, hospedaje y alimentación de excelente calidad.
También está la prevención en el manejo de redes sociales, teniendo como común denominador, la publicación de datos personales, ubicación y fotografías intimas explicitas que incitan a ser contactados, para más adelante terminar en un encuentro con personas que son desconocidas y sin previa verificación de datos o procedencia.
Otra forma de prevención y protección, es generar conciencia y conocimiento del tema en la sociedad, para esto, se debe garantizar el acceso a la información por medio de los diferentes canales de difusión sobre la trata de personas y de esta forma, conocer e identificar las señales de alerta a una posible víctima. Es casi vital para cualquier persona, tener redes de apoyo como familiares, amigos o vecinos conocidos de confianza para reaccionar en cualquier momento.
Actualmente, se cuenta con el apoyo de varias organizaciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para Refugiados o la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En nuestro país, la fiscalía dispone de Unidades de Reacción Inmediata (URI), salas de Atención al Usuario (SAU), casas de Justicia o Centros de Atención Especializada como CAIVAS (Centro de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales), CAVIF (Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar) y CAPIV (Centro de Atención Penal Integral a Víctimas).
Alrededor del marco legal, en la Constitución del año 1991 en el Artículo 17, se reafirma la prohibición de la esclavitud y otras prácticas semejantes como la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas, es significativo también mostrar la normatividad que se ha creado para tratar de frenar y penalizar este delito; con la Ley 747 de 2002, se castigan los distintos tipos de trata que se presentan y esta de mano con la Ley 599 de 2000, donde se tiene en cuenta la problemática al interior del país, generando normas para castigar a quienes comercialicen personas con fines sexuales.
Posteriormente, la Ley 1336 de 2009, define como delito la explotación sexual, la pornografía con menores de edad y el turismo sexual, de igual forma en el Código Penal de nuestro país, se reconoce como delito la explotación sexual, el proxenetismo con menores de edad y la imposición de la prostitución bajo fuerza o amenaza.
Adicionalmente, destacamos la Ley 985 de 2005 mediante la cual, se adoptan medidas contra la Trata de Personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma, siendo integral al contemplar medidas no solamente como castigo del delito, sino también acciones encaminadas a la atención de las víctimas y prevención.
Si bien en cierto, hoy en día cuantificar con exactitud el número de víctimas es bastante difícil por la falta de denuncias, sin embargo, existen estadísticas, investigaciones y grupos que luchan fuertemente para adoptar medidas que diagnostiquen y eviten la captación o trata de personas; nos queda claro que para afrontar el presente y forjar un futuro, es necesario incentivar la conciencia humana ya que en un país como el nuestro con alta tasa de vulnerabilidad y que sufre los flagelos del desempleo, violencia, desplazamiento y que tiene condiciones sociales y económicas tan precarias, permanece siempre latente la fácil captación de personas para unas supuesta y “mejor condición de vida”.
