La terminología aún debatida y que genera discusión en la definición de prostitución, se centra en la acción de vender servicios sexuales a cambio de dinero; para algunos, es una actividad digna y tolerable, mientras que para otros puede ser considerada vergonzosa e inmoral. Independientemente de las circunstancias que esta actividad genere, la descripción o términos utilizados, deben respetar la condición y sensibilidad de aquellas personas que la ejercen.
Remontándonos a los escritos por parte de varios historiadores, esta actividad es considerada como la más antigua y se ejerce aproximadamente desde el siglo VII A.C. cuando algunas mujeres en el sur de la península Ibérica ofrecían sus servicios sexuales para satisfacer a terceros, obviamente también, desde esta época, han sido catalogadas con atributos negativos y excluyentes que generan desigualdad e inequidad, y es aquí donde podemos reconocer el entorno social y económico en el que se desenvuelve este grupo de personas y de quienes comercializan sus servicios.
También tenemos la prostitución en negocios abiertos al público mediante un intermediario quien recibe una comisión al comercializar el servicio y que ofrece a cambio, algún tipo de beneficio como hospedaje o alimentación, pero siempre con ingresos bajos. Más arriba encontramos la prostitución “elite”, orientada a personas con mayor poder adquisitivo que es comercializada a través de plataformas digitales; no solamente el pago es por unas horas, sino que puede llegar a ser por días, semanas o más tiempo dependiendo de las necesidades del cliente.
Aspectos a tener en cuenta
Resaltemos que aparte de establecer una definición y antecedentes, también se debe revisar los aspectos socio-económicos para posteriormente, determinar el estado legal de la prostitución en el ordenamiento colombiano.
En cuanto al factor social que está estrechamente ligado con el entorno personal o familiar, podemos ver que la actividad ejercida, causa rechazo general en la sociedad provocando a su vez, discriminación y falta de normatividad que proteja a quienes ejercen esta actividad. Particularmente en Colombia, se destacan aspectos como la desintegración familiar, experiencias traumáticas en la infancia, violaciones, maltrato físico, abandono, embarazos no deseados, hábitos de consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo, entre otros. Acorde con recientes estudios, la prostitución puede ser inducida o coaccionada mediante presión.
Otro aspecto a tener en cuenta es el económico, basado en indicadores de pobreza y miseria dentro de la población más vulnerable. No es desconocido, que esta actividad genera un ingreso en las utilidades básicas, dependiendo de la “jerarquía” de la que hablamos anteriormente, también posee ciertas características al ser una actividad no contabilizada y que hace parte de la economía informal de este país, por ende, se lleva a cabo dentro del marco de la ilegalidad con una oferta altamente heterogénea.
Acorde con estudios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la actividad de servicios sexuales, contribuye a la economía nacional de un país por su comercialización con extranjeros, independientemente que se sea ofrecida de manera directa o indirecta con una alta demanda y oferta, sin embargo, a la OIT no le compete tomar una postura en cuanto si los países deben legalizar o no la prostitución
¿Colombia mide los ingresos que se mueven a través del trabajo sexual?
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Ahora, sin tener en cuenta la concepción ‘’moralista social’’, esta actividad representa un oficio y, por ende, se puede clasificar como un trabajo independiente o informal, y como tal, se debe analizar las condiciones en las que se realiza, generando una normatividad para su regulación bajo parámetros de seguridad y respeto de los derechos fundamentales de todo ser humano.
El Marco Legal
Dentro del marco Legal en Colombia, la prostitución no es ilegal, ni está penalizada, acorde con la Sentencia T-629 de 2010 – La prostitución y el contrato de trabajo, (agosto 13 del año 2010)-. Dentro de este texto, la Corte Constitucional concedió el amparo de los derechos fundamentales a una mujer que ingresó a trabajar en un bar: a la igualdad de trato ante la ley, a la no discriminación, al trabajo, la seguridad social, la dignidad, la protección de la mujer en estado de embarazo, el derecho del que está por nacer, el fuero materno y el mínimo vital.
Otro avance presentado dentro del marco jurídico en nuestro país, es el Proyecto de Ley 079 de 2014 cuyo propósito es regular los derechos laborales y condiciones de vida digna a las personas que ejercen la prostitución. Algunos puntos importantes para resaltar son: Afiliación al Sistema General de Seguridad Social, no revictimización, ni violencia verbal o física por parte de sus empleadores, clientes, usuarios u otros trabajadores, vacunas gratuitas contra infecciones de transmisión sexual, ejercicio de la prostitución en las condiciones, sitios, horarios y zonas definidas por el Plan de Ordenamiento Territorial en nuestro país, trato digno de los clientes a las trabajadoras, y obtención del concepto sanitario expedido por la Secretaría Distrital o Municipal de Salud de los establecimientos en donde se comercializa la actividad.
No obstante, estos puntos traen consigo algunos riesgos que son objeto de discusión, pues al normalizar lo anteriormente enunciado, se aceptaría que las mujeres o la persona que realice esta actividad sexual, sea un objeto con el cual se puede comercializar el servicio, también, se legitimaría la existencia de un proxeneta como un tercero o un empleador quien se lucra con esta actividad alejándolos de ser cuestionados por el delito de trata de personas.
Por lo anterior, el tema de la prostitución en Colombia ha sido muy debatido y se han desarrollado algunos avances en cuanto a su reglamentación, prohibición o abolición, pero es significativo regular este oficio como una actividad laboral, ya que hoy en día la realidad, es que estas personas no cuentan con garantías laborales mínimas como prestaciones sociales, acceso a servicios de salud, ingresos básicos y sostenibilidad que garanticen su calidad de vida.
Adicional a esta medida legal, es necesario que el Estado colombiano cree una política pública que permita a los trabajadores voluntarios sexuales, tener otras oportunidades de trabajo que generen sustento para si mismos y sus familias, de igual forma, fortalecer al ser humano desde su infancia evitando los abusos en familia, el consumo de sustancias y otros factores socio-económicos que conllevan a tomar el camino de la prostitución y verlo como única fuente de ingreso y sostenibilidad.
